GUSTAVO ORTIZ HIDALGO

Resultó un fracaso el modelo de “descentralización a la carta” consolidado con la Constitución Política de 1998, que tuvo el límite de permitir que la descentralización sea “voluntaria” para los gobiernos seccionales autónomos y no establecer las garantías necesarias para obligar al gobierno central a cumplir con la transferencia de las competencias y recursos solicitados.

La nueva Constitución descarta el modelo de “descentralización a la carta” y crea un sistema nacional de competencias de carácter “obligatorio y progresivo”, el mismo que deberá establecerse por ley, respetando las competencias exclusivas que la propia Constitución otorga a los diferentes niveles de gobierno.

La Norma Suprema determina que el Estado unitario se organizará territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Por razones ambientales, étnico-culturales o demográficas podrán constituirse regímenes especiales. La novedad más importante se relaciona con la creación de las “regiones”, que permitirán avanzar en forma “progresiva y obligatoria” de la descentralización administrativa hacia un sistema de autonomías territoriales.

Uno de los graves problemas del fracasado modelo descentralizador es haber sostenido la superposición de funciones entre los diferentes niveles de gobierno. El régimen de competencias exclusivas que establece la Constitución vigente aspira a superar este grave problema; sin embargo, han surgido varios resquemores en torno al tema que predicen que dicho propósito no será una tarea fácil.

Las normas constitucionales, al menos en teoría, establecen el marco para avanzar de la “descentralización a la carta” hacia un verdadero fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados; por el bien del Ecuador ya es hora de pasar de la propaganda y la cantaleta a un proceso real y efectivo de descentralización.

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Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 1 de octubre de 2009.