Gustavo Ortiz Hidalgo

Tan desprestigiada está la Unión Nacional de Educadores que casi nadie aspiraba a que su Congreso Nacional, reunido en nuestra ciudad, signifique un hito en la transformación del sistema educativo, cuya crisis es una de las principales causas del deterioro de las condiciones de vida de la población ecuatoriana.

Y, efectivamente, nada nuevo sucedió… La misma manipulación del MPD y sus desgastados discursos; las mismas reivindicaciones salariales; la misma renuencia a la evaluación docente; la misma cantaleta contra la “municipalización” de la educación; la misma actitud de chantaje y manipulación al gobierno de turno.

En suma, el mismo silencio a la posibilidad de discutir los verdaderos problemas de la educación, que se explican por la vigencia del centralismo en el sistema educativo y su secuestro por parte del aparato burocrático-sindical de la UNE, cuyos privilegios y funciones administrativas están consagrados en la ley, para lamento e indignación de los ciudadanos de bien.

En varios países del mundo, los avances más serios que se han dado en esta materia han sido el resultado de un proceso definitivo de descentralización, en el que las competencias, atribuciones y recursos educativos han sido transferidos del gobierno central a los gobiernos locales o municipios. El gobierno central no se ha desvinculado de la actividad educativa sino que ejerce la política rectora, el control y la supervisión a través del ministerio sectorial y sus instancias desconcentradas.

Los municipios, por ser “gobiernos de cercanía”, son los que mejores condiciones tienen para brindar servicios educativos de alta calidad y para promover la participación de la comunidad y los padres de familia en la solución de los problemas correspondientes.

Al afirmar que la “municipalización” de la educación implica su privatización, los dirigentes de la UNE se hacen los tontos (¿o lo serán verdaderamente?), ya que para nadie es desconocido que los municipios son entidades del Estado y no parte de la empresa privada. Los verdaderos privatizadores son quienes al destruir el sistema de educación pública han ocasionado la proliferación de instituciones educativas privadas que, curiosamente, tienen como alumnos a hijos de connotados dirigentes de la UNE.

grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com

Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 12 de junio de 2008.

Gustavo Ortiz Hidalgo

La estructura centralista del Estado es la principal barrera que impide nuestro desarrollo, por ello, es necesario realizar una transformación democrática mediante dos vías complementarias: la descentralización autonómica y la desconcentración regionalizada.

Este proceso implica movilizar a fondo la variable territorial como condición de reactivación de la economía ecuatoriana y cambiar la “regionalización vertical”, que parcela artificialmente al país en función de sus climas, por la “regionalización horizontal”. Estas regiones deberán crearse unificando aquellas provincias identificadas por una misma historia, geografía, economía y cultura, sin que sea necesario modificar la actual división político-administrativa.

Sobre el tema, la Mesa de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias de la Asamblea Constituyente ha aprobado los primeros textos constitucionales, señalando, por una parte: “Dos o más parroquias rurales, cantones, provincias o regiones contiguos podrán agruparse y formar una mancomunidad, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos de integración…”, y, por otra: “Las provincias podrán formar regiones autonómicas. La Ley Orgánica de Régimen Autónomo y Descentralizado normará su composición, proceso y requisitos mínimos…”.

Este aspecto debió ser una de la prioridades de la Asamblea Constituyente; lo grave no solamente es que no se le haya dado la importancia requerida sino que se vuelva a cometer un error histórico que viola los principios del derecho público: entender a la regionalización como un  procedimiento voluntario y no obligatorio. Los resultados serán, sin duda, tan desastrosos como los derivados de la Constitución Política de 1998, que contempla el carácter voluntario o facultativo de la descentralización y que ha provocado algo así como “la década perdida de la descentralización”.

Los asambleístas están a tiempo de rectificar, de lo contrario pasarán a la historia no solo por haber usurpado atribuciones “mandatorias” que el pueblo no les facultó en las urnas, sino por ser los autores de un mamotreto de Constitución Política que en nada contribuyó a la solución de los verdaderos males de la República.

grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com

Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 5 de junio de 2008.