
La libertad de expresión está ligada íntimamente a la noción de democracia. Ya los antiguos filósofos en la cuna de la civilización Occidental (Grecia y Roma), intuían como un aspecto esencial del estado libre, el derecho a expresar el pensamiento y la opinión sin restricciones del poder estatal. Pero indudablemente, fue bajo la influencia de los ideales promovidos por la Revolución Francesa, cuando en ese mismo país se concibe la libertad de expresión como derecho declarado en favor del pluralismo y la competencia intelectual, al amparo de la doctrina liberal, y a la par del surgimiento del Estado Moderno.
La libertad de expresión, consiste en el derecho de los ciudadanos a exponer sus pensamientos y opiniones por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción sin impedimentos, instrucciones, consignas, autorizaciones previas o censura por parte de las autoridades. Sin embargo, sin que implique censuras, todo derecho acarrea una responsabilidad, en este caso ésta surge de un compromiso social, el de no transgredir las normas jurídicas que delimitan la acción de la libertad de expresión, a fin de evitar el abuso, apuntando a establecer parámetros para una acción transparente que garantice la difusión de la verdad. Con el fortalecimiento del Estado y los preceptos de la libre competencia, se daría paso al ejercicio del Derecho como ciencia positiva, lo que determina la necesidad de incorporar a la Ley, los principios de responsabilidad que implica el ejercicio de la liberad de expresión con la finalidad de avalar el concurso de todos los ciudadanos dentro de una normativa que garantice la transparencia de la verdad.
La influencia del socialismo en la concepción de los Derechos Humanos y específicamente en cuanto a la libertad de expresión, está dada por los cuestionamientos frente a la libre empresa, la explotación y la acumulación, que reclaman del Estado una participación activa en búsqueda de la justicia y la equidad social. Al compás de este pensamiento, desde la perspectiva jurídica, se extiende la idea previa de libertad de expresión hacia una concepción más amplia porque toma en cuenta la facultad legítima de la ciudadanía para reclamar esa verdad; es decir, surge el derecho a la información, que garantiza además de la competencia para difundir información, también el derecho a recibirla veraz y oportunamente, tal como se concreta en la Declaración de la ONU, en 1948.
He ahí la diferencia sustancial entre la libertad de expresión y el derecho a la información; no obstante, hay que señalar que son conceptos complementarios, entre ambos se oponen al monopolio de la información en una sociedad donde se ésta se ha convertido en una herramienta de poder, lo que manifiesta el avance ético que representa la consideración de las ciencias jurídicas sobre el derecho del ciudadano común a estar informado, lo que apunta al ideal de que la verdad sea patrimonio de todos hacia la consecución de una sociedad más justa y ecuánime



